La
Jurisdicción Inmobiliaria de la República Dominicana ha sido objeto de
innumerables avances a lo largo de los años. La creación de tres órganos
independientes y a la vez interrelacionados, la implementación y modernización
de los sistemas tecnológicos empleados en cada órgano, la reciente creación de
la Ventanilla Express, y la captación de capital humano capacitado en la
materia registral y judicial inmobiliaria, ha permitido que el desarrollo del
sistema jurídico inmobiliario sea, hoy por hoy, una realidad. De manera que la
protección del derecho de propiedad debidamente registrado que a la fecha se ha
garantizado, va de la mano con la tan necesitada seguridad jurídica consagrada
constitucionalmente.
No
obstante los avances mencionados, y otros que también han sido implementados a
lo largo de los años, resta que sea ejecutada una transformación orientada a los
cambios de que también ha sido objeto la sociedad dominicana, y a los
verificados en la experiencia comparada, especialmente Latinoamericana. A esto
se suma, igualmente, la necesidad de otorgar un servicio de calidad en las
Direcciones de Mensuras Catastrales, en sede Nacional y Regional, la Dirección
Nacional y las Oficinas de Registro de Títulos y los Tribunales Superiores de
Tierras y de Tierras de Jurisdicción Original; toda vez que en la actualidad
han sido reconocidos una serie de impases, tanto a nivel
interno-organizacional, como a nivel externo, de cara a los usuarios de la
Jurisdicción Inmobiliaria.
Los
largos plazos de respuesta de cada órgano, la desigualdad de criterios en
órganos o empleados de la misma categoría, el hermetismo y la falta de
comunicación efectiva entre los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria, entre
otros inconvenientes, han sido motivo de queja de los usuarios del sistema
inmobiliario.
Corolario
a lo anterior, la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia, encabezada
por el magistrado Rafael Herrera Carbuccia, celebró el pasado 14 de octubre, el
panel “Sugerencias para el mejoramiento de la Jurisdicción Inmobiliaria
Dominicana”. Dicho panel, moderado por el magistrado Edgar Hernández Mejía,
miembro de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, contó con la
participación de los siguientes panelistas: Lusnelda Solís Taveras, Yoaldo
Hernández Perera (Jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento
Central), Alba Beard Marcos (Juez Coordinadora del Tribunal de Tierras de
Jurisdicción Original del Distrito Nacional), Gedeón P. Bautista (Abogado del
Estado), Sócrates Montero (Director Regional de Mensuras Catastrales), Modesta
Contreras (Registradora de Títulos del Distrito Nacional) y Héctor Aliés
(Coordinador de Maestrías Jurídicas de la PUCMM).
Entre
las sugerencias planteadas destacan la necesidad de inclusión del Abogado del
Estado como un órgano, tal y como lo establece la STC 209-14 del 08 de
septiembre de 2014, según estableció el magistrado Gedeón Bautista. Por su
parte, la magistrada Alba Luisa Beard propuso la capacitación del personal que
labora en la Jurisdicción Inmobiliaria y que algunos procedimientos secretariales
se adapten a la Ley No. 821. En materia registral, Modesta Contreras,
registradora del Distrito Nacional, propuso el fortalecimiento de la Notaría en
República Dominicana y la restauración de la Mesa de Políticas entre los
órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria, para unificar criterios. El Director
Regional de Mensuras Catastrales propuso, entre otras cosas, la unificación de
criterios entre los analistas y revisores a su cargo, así como la inclusión de
la “nueva mensura” como operación catastral.
Por
otro lado, el magistrado Yoaldo Hernández Perera se centró en la necesidad de
inclusión en la norma, de aspectos en los que existe disparidad de criterios
entre los juzgadores; con la finalidad de lograr unidad en dichos criterios. El
licenciado Héctor Aliés, igualmente, propuso que la cadena de responsabilidad
en materia registral incluya los Notarios, y que se establezcan
incompatibilidades de ejercicio notarial y del abogado. Asimismo, propuso la
puesta en funcionamiento del fondo de garantía, previsto en la Ley No. 108-05,
sobre Registro Inmobiliario.
El
panel concluyó con las palabras del magistrado Edgar Hernández, moderador,
quien destacó la necesidad de que las propuestas planteadas sean puestas en
ejecución, en la medida de las posibilidades. Esto lo fundamentó en la
necesidad de que se dote de seguridad jurídica el sistema inmobiliario judicial
y registral vigente, para lograr mayor confianza en el sistema, tanto de parte
de los ciudadanos, como de los interesados en invertir en la República
Dominicana.
