Privatización
de la Energía eléctrica
La privatización
de los servicios públicos se constituyó una tendencia en diversos países
desarrollados, como una forma de descentralizar el poder de la Administración
Pública. Si bien en algunas materias, como el derecho de las telecomunicaciones,
la despublificación del servicio público ha resultado de manera positiva, en
otras materias, como la energía y por consiguiente, la electricidad, se deben
considerar varios aspectos relevantes para la determinación de esta
posibilidad. Evidentemente, a nivel privado se hace factible el manejo de los
servicios, toda vez que los mismos podrían ser prestados con mayor eficiencia y
bajo el esquema de libre competencia. Sin embargo, la experiencia de otros
países ha traído consigo la determinación de la inefectividad de este tipo de
prestación.
Varios países han seguido la línea de la
liberalización de la energía, algunos con la finalidad de proveer de beneficios
a las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras, y
otros con la simple finalidad de obtener financiamiento internacional. No
obstante esta corriente, para Sharon Beder, si bien con la prestación del servicio
por entidades privadas, en principio, se tenía el objetivo de que obtener
precios confiables, por la libre competencia y la fluctuación de la oferta y la
demanda, hoy día este objetivo ha variado a “la obtención de lo que el
consumidor elija”. Esto ha conllevado un bajo nivel de control sobre los
procesos que realizan las empresas intervinientes en el mercado y procesos
correspondientes. Esto ha conllevado la privatización del control sobre el
suministro eléctrico, es decir, que las mismas empresas intervinientes son las
que deciden cómo manejarse en cada situación.
El caso de Estados Unidos ha sido el más
influyente en materia de privatización del servicio. Para Beder, las empresas
eléctricas privadas de este país emplearon el control de la agenda, de las
acciones y sus influencias políticas para promover la visión de que “las
empresas privadas proveedoras de servicios públicos representaban a la libre
empresa”. De esta manera, lograron persuadir al público y a los políticos de
que se otorgara cada vez más control a los intereses privados sobre la energía
pública. Evidentemente, esta situación acarreó un descontrol en los Estados
Unidos, donde se generó una crisis eléctrica, por la caída de la compañía eléctrica
Enron. Si bien el cambio se efectuó bajo los preceptos del crecimiento
económico y el libre mercado, en definitiva, el cambio se constituyó en un
perjuicio para la sociedad y los usuarios del servicio.
La prestación y regulación de este
servicio por empresas privadas, a pesar de que fomenta la inversión de empresas
internacionales, puede dar paso a que “los estándares del servicio decaigan,
los consumidores pierdan terreno y que el gobierno gaste miles de millones de
dólares para salir del apuro”. Así las cosas, se debe sopesar si acarrea mayor
importancia que el servicio sea prestado en el marco de la libre competencia, o
el bienestar general. Al desarrollar la privatización del servicio y la falta
de regulación por parte de la Administración Pública, se estaría dejando que
las empresas se beneficien de manera desmesurada, sin prever ningún tipo de cualidad
para el servicio.
Lo arriba indicado podría generar desventajas
para los usuarios del servicio, como: a) el aumento desmesurado de los precios,
pues en definitiva, no se podría dejar de consumir la energía eléctrica; b) la
no prestación del servicio por falta de pago; c) la no universalidad del
servicio, por encontrar dichas empresas que no fuere económicamente rentable
prestarlo en algunas localidades; d) la falta de calidad en la prestación del
servicio, etc. Por otro lado, el hecho de que no existan controles podría provocar
que la prestación del servicio no sea continua. Esto es así, pues en caso de
fallas del sistema eléctrico, podría no existir una empresa eléctrica regulada que
preste el servicio de manera emergente.
Además de lo indicado en el párrafo
anterior, se hace necesario destacar que por el tipo de servicio de que se
trata, se hace difícil hablar de la electricidad como un producto. Entre estas
características se pueden encontrar: a) la imposibilidad de almacenamiento de
la misma; b) la interdependencia del sistema y c) la necesidad física de que la
oferta y la demanda se encuentren equilibradas. En este tenor, podría no
determinarse una vía eficiente para que las empresas generadoras o transmisoras
no carguen a los usuarios finales las pérdidas técnicas de energía eléctrica,
lo que devendría en un perjuicio para el consumidor y el bienestar del mismo en
su generalidad. Asimismo, debe tomarse en consideración la dificultad de que el
usuario reduzca su consumo, cuando normalmente no tiene control alguno del
mismo.
Uno de los aportes más importantes y con
impacto positivo que ha tenido la privatización y desregulación del servicio es
la separación de los procesos que conlleva la prestación del servicio. Esto
quiere decir que las empresas que se encargan de la generación no son las
mismas que las que se encargan de la transmisión, de la distribución o de la
comercialización. Con este cambio a la forma en que los procesos se llevaban a
cabo (monopolio natural o no), se ha generado la eficientización en la
prestación del servicio. Sin embargo, mientras no existan controles en sentido
general, la prestación del servicio podría afectarse de manera significativa,
generando los impactos negativos arriba mencionados. Asimismo, las empresas privadas
podrían cerrar sus plantas para incrementar sus ganancias, generado esto por la
escasez del servicio.
Ha influido bastante el hecho de que el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional requieran a los Estados que
solicitan financiamiento, la privatización del servicio energético. Evidentemente,
en caso de necesitar dinero para resolver inconvenientes o situaciones
inminentes del Estado, el mismo podría verse presionado a aceptar las prerrogativas
planteadas por los órganos financiadores. No obstante esto, se ha afirmado que
los Estados Unidos se encuentran detrás de los referidos requerimientos, utilizando
al Banco Mundial para: a) castigar a las naciones disidentes y premiar a las
aliadas; b) integrar a las naciones de bajos ingresos a la economía
internacional y c) proteger los intereses bancarios de Estados Unidos. Es
indiscutible que el referido país se encuentre beneficiado con los
requerimientos, pues vería mayores ingresos en este sentido.
De manera clara, el Banco Mundial,
entidad que ha tomado más impulso en la iniciativa que el Fondo Monetario
Internacional (FMI), ha establecido que “la privatización es decisiva para la
reforma en la mayor parte de los países en desarrollo; ayudar a los gobiernos a
diseñar y ejecutar los programas de privatización ha sido una importante
actividad del Banco Mundial durante los últimos quince años”. No obstante esto,
para Hawley, esto ha fomentado la corrupción y otros resultados indeseables. Por
ejemplo, se dan casos donde se corta el suministro eléctrico por falta de pago
de tarifas por parte de los usuarios.
En definitiva, se ha demostrado que la privatización, combinada con la desregulación, no
plantea ser la mejor opción para el manejo de los servicios públicos. En el
caso de la energía eléctrica, el perjuicio que se ha provocado al bienestar
general en este sentido, ha sido inminente. Las presiones políticas y
empresariales han dado lugar a que los procesos para la generación,
transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica se manejen
de una manera que no ha sido beneficiosa para los Estados, teniendo que
incurrir en gastos desmesurados para obtener una mejoría en la prestación del
servicio. Finalmente, se puede determinar que la forma más eficiente de
prestación del servicio público de energía eléctrica es por el Estado, o
mediante concesiones debidamente reguladas y reglamentadas en cuanto a su
funcionamiento y en cuanto al cumplimiento de los objetivos por parte de las
empresas.
